Los expertos alertan a todos los propietarios: se pueden quedar mucho tiempo sin casa
Los propietarios españoles son los más desprotegidos de la UE
11/04/2023 16:09h
Los propietarios de viviendas en nuestro país tienen que rezar para que no les 'okupen' su casa. Y lo que es peor, para intentar recuperarla una vez que está 'okupada'. Así lo han dejado claro algunos miembros del Círculo Legal Barcelona en el último informe que han acometido.
Estamos hablando de un despacho de abogados que ha realizado un extenso estudio en el que pone el foco, fundamentalmente, en la desprotección de los propietarios españoles. Y es que no lo tienen nada sencillo cuando quieren recuperar sus viviendas 'okupadas'.
Este documento ha sido publicado por Idealista y deja más que inquietos a los propietarios de esas viviendas que han sido 'okupadas' por desgracia para ellos.
Y es que España está a la cola europea si nos referimos a la proyección relacionada con procesos de desahucio y precarios.
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Alarma entre los propietarios españoles, los más desprotegidos de Europa
"El cúmulo de medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz de la pandemia y la entrada en vigor del Estado de Alarma han retrasado los procedimientos judiciales en España", exponen desde el Círculo.
"La justicia española atraviesa un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales", inciden.
La justicia española atraviesa un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales|
"Entre ellos destacan los desahucios y precarios, que cada vez afectan a más propietarios. Se ven obligados a esperar durante meses a que se produzca el juicio a las personas que okupan su vivienda ilegalmente", sostienen.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los propietarios tienen que esperar de media en España para echar a un okupa en torno a 18,1 meses.
Estamos hablando de un plazo que engloba los "procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas" de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9 meses y medio).
Y también las "apelaciones de sentencias de juicios verbales" de las Audiencias Provinciales (8 meses y medio).
Esa cifra ha ido creciendo con el paso del tiempo. En el año 2020, el promedio para lograr una sentencia en firme estaba en 16,7 meses. En 2019 se situaba en 13,1 meses, según apunta Idealista.
En 2018, año final al que se refiere la serie histórica entre dichas instancias, el plazo no llegaba a los 12 meses (11,7 meses).
Los mecanismos legales son insuficientes para los propietarios
Desde este despacho barcelonés se pone de manifiesto que los procesos legales en asuntos de desahucio y precarios son del todo insuficientes. Por ello, los propietarios españoles son aquellos que están más desprotegidos que en otros países de la Unión Europea.
La okupación de viviendas es un grave problema en nuestro país |
"Si comparamos con el resto de la Unión Europea, la situación en España es peor. Y mucho más desfavorable para el propietario, no solo porque los procedimientos judiciales son más rápidos".
"También porque se adoptan mayores medidas de protección para los ciudadanos vulnerables sin buscar ninguna medida que favorezca a los propietarios", sentencia Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
El PP registró el pasado verano una proposición de ley contra la ocupación ilegal
Según este despacho de abogados, a raíz de la pandemia, con el Real Decreto Ley aprobado, parece que hay "impunidad por parte de los ocupantes o de los arrendatarios que dejan de cumplir con su obligación de pagar la renta".
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Hay que recordar que el Partido Popular registró en 2022 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la ocupación ilegal. Una que establezca la opción de desalojo en 24 horas y recupere el delito de usurpación de inmuebles.
A su vez, esta ley quiere evitar que los okupas se empadronen y puedan obtener beneficios asignados por las Administraciones Públicas. Así, el okupa "no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes".